Montero estalla ante Sánchez con la exclusiva de OKDIARIO sobre la malversación: «Os lo avisamos»

En voz alta, sin un destinatario claro según las fuentes presentes, pero queriendo ser escuchada por el presidente, Pedro Sánchez. Así, tras el Consejo de Ministros, la titular de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, ha lanzado un reproche a sus compañeros del PSOE: «Os lo advertimos». Ha sido su comentario tras la exclusiva de OKDIARIO sobre la primera revisión pedida por un juez a la Fiscalía Anticorrupción por los beneficios que la reforma del delito de malversación puede suponer para los imputados por corrupción.

Montero ha dejado en el aire sus reproches tras conocer que el juez que investiga el caso Acuamed, Manuel García Castellón, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que revise el escrito en el que solicitaba el procesamiento de los imputados por si tiene que hacer alguna modificación a raíz de la reforma del Código Penal que rebaja algunas penas del delito de malversación y que entrará en vigor este jueves.

Según el juez, la entrada en vigor de la reforma, aprobada a finales de diciembre, «podría suponer una revisión del escrito del fiscal, en la medida que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede la transformación a sumario».

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «es un caso en fase de instrucción» y «ahora el Ejecutivo es más duro contra la corrupción».

Hace semanas que Moncloa tenía asumido que la reforma del delito de malversación podía provocar una revisión de condenas a políticos corruptos. Así lo avanzó este periódico poco antes de Navidad, pese a que el jefe del Ejecutivo lo negase por activa y por pasiva. El instructor del caso Acuamed ya ha pedido al Ministerio Fiscal que revise de antemano las penas que pretendía reclamar y que excedían la nueva horquilla de prisión, ya que no podrían ser aplicables a los futuros condenados.

La reforma del delito de malversación, y las consecuencias que esto podía tener con políticos ya condenados por corrupción, provocaron el último choque entre los dos socios de coalición al término del año pasado. Los morados se desmarcaron en un principio del acuerdo inicial entre el PSOE y ERC, aunque acabaron apoyando la iniciativa para que no descarrilase. Lo hicieron después de introducir algunos cambios y el compromiso del presidente de que no iba a beneficiar a los corruptos.

Pero rápidamente los juristas del Gobierno, todos ellos ministros a propuesta del PSOE, reconocieron que no se podía diferenciar entre unos condenados y otros. Así lo admitieron en privado desde la titular de Justicia, Pilar Llop, hasta la de Defensa, Margarita Robles. Ambas asumían que, como anteriormente ocurrió con la ley del sólo sí es sí, los magistrados tenían que aplicar la norma más beneficiosa al reo.

A dos días vista de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la modificación de la ley, que dejará sin efectos también el delito de sedición, los ministros de Podemos empiezan a echar en cara a sus compañeros la decisión refrendada por una mayoría del Congreso de los Diputados. Montero, en sus reproches públicos tras la reunión ministerial, ha llegado a advertir a los socialistas que «esto lo vamos a pagar caro, lo vais a pagar caro».

La ministra de Igualdad, en su posición adoptada hoy, no perdona las múltiples críticas recibidas por parte de sus compañeros del gabinete de ministros por la rebaja de condenas y excarcelaciones que los errores de su equipo en la ley del sólo sí es sí ha provocado.

Durante la negociación entre el PSOE y ERC de la reforma de la ley, el pasado mes de diciembre, fuentes parlamentarias de Unidas Podemos ya admitían en privado su preocupación ante la posibilidad de que la rebaja de la malversación planteada por acabarse beneficiando a «corruptos del PP», con rebajas de condenas e incluso con su puesta en libertad. Una opción que rechazaba el presidente del Gobierno. Incluso llegó a negar, Sánchez, que los jueces pudieran admitir la revisión de condenas como ya ha ocurrido por parte del juez instructor del caso Acuamed.

Los separatistas promovieron esta reforma para rehabilitar a los condenados por el golpe del 1-O, como es el caso del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, a fin de que pueda presentarse a los próximos comicios.